Hay un principio básico que obliga a respetar y acatar los
fallos de la justicia; como también es elemental que el servicio de justicia,
debe tener un blindaje respecto de intereses sectoriales, empezando por los políticos
partidarios. Cuando este último concepto no se cumple, es muy difícil cumplir
con el primero.
Es imposible analizar la absolución del señor Jorge Sobisch,
ex gobernador del Neuquén, fuera del
contexto de colonización del Poder Judicial que ha realizado el MPN a través de
sus gestiones gubernamentales, en particular durante las que ejerció el
nombrado ex mandatario, mediante una masiva incorporación de magistrados en
distintos jurisdicciones y niveles, todos -con muy escasas excepciones- con claros
lazos con el partido del gobierno.
Un estigma que
cargará la justicia neuquina, por décadas y lo sufrirán muchos y disfrutaran
pocos.
Fuera de ese análisis, lo que ha quedado claro es que el
caso de la “zona liberada” -en donde grupos de choque disfrazados de obreros de
la construcción golpearon a manifestantes docentes, en Plaza Huincul- sigue
sumando impunidad para actividades públicas y quienes la ejercen en la
provincia del Neuquén.
En Plaza Huincul hubo hechos violentos concretos, que
quedaron sin juzgamiento, sin responsables.
Hubo organizaciones de choque o parapapoliciales que actuaron con sus
métodos y hubo ausencia de policías que administraran los hechos dentro de los
cauces legales. Todo se expuso en las audiencias, pero nadie pagó por ello. En
todo caso, los únicos afectados fueron oficiales policiales que testimoniaron
que hubo decisión política de que el conflicto debía resolverse así, con la
rudeza de la fuerza.
Pero este caso, hay que contextualizarlo en la licencia para
manejarse al margen y por sobre límites éticos y legales, que ha tenido y tiene
el funcionariado del MPN. En su larga historia de sucesivos gobiernos, el MPN
no registra más de cinco o seis funcionarios juzgados y condenados por malos
desempeños. O estamos ante una excelsa y masiva manifestación de virtudes al
servicio de lo público, o hay normas de impunidad cobijando a esta gente.
Seguimos sosteniendo
que la sana convivencia se construye desde valores y principios, y que cuando
quienes ejercen cargos públicos o militamos en política, tenemos trato
diferenciado de parte de quienes deben juzgar conductas, lo que se genera es
discriminación, resentimientos y violencias.
Beatriz Kreitman,
diputada provincial
Ricardo Villar,
presidente de CCARI Neuquén
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