Ante la negativa del Fiscal Marcelo Jara de aceptar
el pedido de la diputada Beatriz Kreitman, de constituirse en querellante, en
la denuncia penal realizada ante ante la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, en
la que solicita se investigue, la incompatibilidad de que el Ministro de
Energía es presidente de G y P, además es presidente de la Fundación Alejandría;
la legisladora expresó que:
1.- Vamos a insistir en la idea de que debe
investigarse la posible comisión de un delito de un funcionario público, en
primer lugar.
2.- También es mi obligación de denunciar como
funcionaria ya que además me lo impone
el Código Procesal Penal. Que en ese sentido, no sería lógico que no me
permitan aportar como querellante en la investigación en que inicio una
denuncia. Es decir, por un lado se me obliga a denunciar y por el otro
pretenden que no investigue.
3.- El Fiscal Jara, sin justificación alguna, nos
pone una barrera a quien debe investigar, porque en pocas palabras ha dicho, la
Diputada Beatriz Kreitman, no puede ser querellante, porque yo digo que no
puede serlo.
Debería Explicar el Sr. Fiscal, quién sí
podría serlo en su criterio, y en todo caso porque no una Diputada de la
Provincia. A nuestro criterio decidió de forma arbitraria y antojadiza que NO soy
una ofendida directamente por el delito denunciado!!!. Pues entonces, si el que
denuncia no lo es, quien lo será entonces?...
No obstante ello, debemos decir también que la
resolución del fiscal, además va en contra de los principios repetitivos y
republicanos de gobierno que rigen nuestro país, toda vez que debe poder
controlar todo Ciudadano el accionar de quienes administran la cosa pública. En
un mundo donde cada vez se otorgan más derechos a las personas y mayores
posibilidades de controlar al poder, el fiscal se encuentra ubicado a
contramano, restringiéndole a los ciudadanos la posibilidad de controlar
efectivamente a los administradores de la cosa pública.
En este sentido, nuestra última reforma
constitucional, ha incorporado los llamados regímenes de democracia semidirecta
(incluyendo todo un capítulo al respecto), dándole mayor participación a la
ciudadanía, otorgándole el poder incluso, de revocar mandatos de gobierno bajo
ciertas circunstancias.
En este momento, nos encontramos ante la
necesidad de recurrir a un juez de garantías a fin de que determine si podemos
o no participar de la investigación del poder, es decir, si en pleno régimen representativo
y republicano de Gobierno, los ciudadanos podemos indagar acerca de la
responsabilidad penal de funcionarios públicos, o por el contrario, es algo que
el propio poder se reservará para sí mismo... Seguiremos permitiendo que el ratón
cuide del queso? Será el poder judicial cómplice de dicha situación?. O
podremos aggiornarnos a la realidad de avance de derechos de las víctimas y de
los Ciudadanos en su conjunto...
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