La diputada Beatriz Kreitman, de Coalición Cívica ARI, realizó hoy
la presentación de un Proyecto de Ley sobre la creación de una Comisión
Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Fiscales.
La iniciativa tiene por objeto trabajar en la creación y
funcionamiento de un instrumento para hacer un relevamiento completo y
exhaustivo del mapa de tierras fiscales y un diagnóstico de los procesos
implementados en los casos de las adjudicaciones y ventas de las tierras que
pasaron a manos privadas.
Además precisó
Kreitman que "es también importante y se vuelve estratégico contar con un
registro provincial y un mapa con la historia del proceso de entregas o ventas
que se efectuaron desde la órbita estatal a los sectores particulares o
empresas privadas nacionales o extranjeras, como así la entrega o adjudicación a
empresas relacionada con la actividad de explotación de recursos naturales que
han ido desplazando a pobladores que habitan los campos desde tiempos lejanos".
Señalando a su vez el auge actual de la actividad hidrocaburífera y los mega emprendimientos, es que "se
torna imprescindible realizar un relevamiento que determine quienes son los verdaderos
dueños de la tierra".
Recordando que "en la actualidad diversos pobladores ven
que tierras en las que han nacido y en la que sus familias desarrollaron su
vida quedan por fuera del sistema, perdiendo el derecho que le otorgan la
Constitución de la provincia y las leyes que de ella derivan". "Deslegitimación"
que los llevó a tener "un permiso de uso y ocupación, aunque algunas
familias viven en esas tierras desde hace más de un siglo", señaló la
legisladora.
Toda
esta situación, explicó Kreitman, genera conflictos e incertidumbres, en estas
familias trabajadoras, que "se dan como resultado de la inacción del
Estado y la falta de cumplimiento de la legislación existente que no permite
avanzar sobre la obligatoriedad de dar transparencia sobre la titularidad de la
tierra pública".
De
acuerdo al proyecto, en el artículo 2°, se establece que la Comisión
Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Fiscales tendrá
como funcionales:
a) Requerir a las autoridades registrales de la provincia
todos los antecedentes dominiales y catastrales de las transferencias operadas
sobre tierras pertenecientes al Estado Provincial, debiendo el organismo
provincial poner inmediatamente a disposición de la Comisión toda la
información y documentación que se le solicite.
b) Requerir a la Inspección General de Justicia de la
Nación, y a todo registro de personas jurídicas en el ámbito nacional, los
antecedentes societarios de las personas de existencia ideal involucradas en la
adquisición de tierras fiscales de la provincia.
c) Requerir a las autoridades judiciales de la provincia la
totalidad de las actuaciones vinculadas con denuncias penales que tengan
relación con transmisión dominial de tierras públicas.
d) Citar a los denunciantes que adviertan presuntas
irregularidades en la venta o compra de tierras rurales de dominio del Estado
Provincial a fin de que brinden información al respecto.
e) Elaborar en el término de ciento ochenta (180) días
contados a partir de la publicación de la presente ley, un informe detallado de
las transferencias de tierras rurales que hayan pertenecido a la Provincia del
Neuquén, con precisiones jurídicas acerca de la eventual nulidad de dichas
transferencias y determinando la posibilidad de formular los respectivos
reclamos judiciales, observando especialmente para ello los parámetros
establecidos en la ley 263 (TO) y el artículo 82 de la Constitución de la
Provincia de Neuquén.
Este informe deberá remitirse a la Fiscalía de Estado de la
provincia "a fin de que el Fiscal de Estado evalúe la posible comisión de
delitos de acción pública y, en su caso, inste la respectiva acción penal y/o
la validez de dichos actos jurídicos promoviendo la acción civil
correspondiente". También se elevará el mismo, al señor Gobernador y al
Presidente de la Legislatura, "a fin de evaluar la posibilidad de declarar
la utilidad pública de las tierras transferidas y la conveniencia de someterlas
al procedimiento establecido por la ley general de expropiaciones".